Los
mitos del informe interagencial sobre el estatus político de Puerto Rico
Prof.
Pedro N. Gonzalez
El Informe interagencial de la casa
blanca, que rindió el comité creado por
el presidente Bush (padre), tiene la misma similitud, que el informe que
hiciera la famosa comisión Warren sobre el asesinato del presidente Kennedy.
Claro que hasta los actores tienen particular conexión, por ejemplo el
Presidente George Bush padre, siempre ha sido señalado en los medios en los
Estados Unidos como el principal planificador y ejecutor del plan de conspiración
para el asesinato de Kennedy, el junto a Richard Nixon y Lindon B Johnson (demócrata).El
infame informe de la comisión Warren tenía solo un propósito, justificar la
muerte de Kennedy como un acto criminal de una sola persona, de esta manera
encubrir la participación de los conspiradores y privar al pueblo de su derecho
a conocer la verdad sobre esos hechos. La verdad es que lo lograron, todavía el
asesinato de Kennedy no ha sido resuelto y sus asesinos disfrutan de los
beneficios de la corrupción y el poder político, como alguien ha llamado la
mano invisible del poder económico. El informe de este comité interagencial, tenia
también un mismo objetivo, asesinar y sacar de carrera al Estado Libre
Asociado, de toda posibilidad de algún acuerdo político futuro con los Estado
Unidos, dejándolo a merced de la cláusula territorial y del poder ejecutivo. De
esta manera enteraban para siempre las acciones del presidente Roosevelt, quien
fuera el padre de este proceso político, bajo la ley 600. Para ello el gobierno
de Bush y posteriormente Bill Clinton, toman en su agenda el descarrilar
la opinión del Departamento de Justicia, en donde se indicaba que la ley 600 le
había otorgado a Puerto Rico un derecho propietario, tal como lo tienen las
empresas privadas en los casos de
contratos que otorgan o transfieren propiedad en una entidad privada. Por lo
tanto de acuerdo con la interpretación del departamento de Justicia la Quinta
Enmienda de la Constitución de EE.UU.
Establece claramente que el Congreso no puede privar a "ninguna
persona" de "propiedad" sin el debido proceso de ley, ni puede
tomar "propiedad privada" para uso público sin proveer una
compensación justa. En aquellos casos en que el Gobierno Federal ha otorgado un
derecho adquirido sobre la propiedad, de ordinario no puede quitar ese derecho
sin pagar por los daños. En este caso si
el congreso decidiera revocar el acuerdo de político que dio paso al Estado
Libre Asociado, tendría que Compensar al Pueblo de Puerto Rico por los daños
que esto le ocasione. Así mismo esto aplicaría al principio de la ley que les
otorga la ciudadanía a los ciudadanos puertorriqueños en el 1917. Para aquellos
ignorantes que no conocen estos detalles les recomiendo que vean lo que dice un
memorándum del Departamento de Justicia del 1963:
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