La verdad sobre nuestra ciudadania americana

La Verdad sobre nuestra ciudadanía

Prof. Pedro N. González

Nadie en nuestro presente puede negar que la  constitución  del Estado Libre Asociado aprobado por el pueblo de Puerto Rico en virtud de la ley 600 que el congreso federal aprobara, fue un paso de avance en las relaciones políticas que existían en nuestro país a partir de  la ocupación militar de nuestro pueblo el 25 de julio del 1898, este hecho muy particular creó las bases políticas económicas y legales y que de ahí en adelante dieron un proceso de negociación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos continentales. Nadie puede negar que dicho proceso político le facilita nuestro pueblo un  mayor grado de autonomía en los asuntos internos de gobierno bajo el nuevo régimen estatutivo de la constitución recién aprobada. Sin embargo también hay que reconocer que dentro de ese proceso de la ley  600 del 3 de julio de 1950, el congreso se las arregló para de forma solapada dejar a nuestro país a merced de la autoridad del congreso, dejando en vigor, todos los artículos que controlan y regulan las relaciones entre los Estados Unidos y Puerto Rico, bajo la jurisdicción de la Cláusula Territorial de la Constitución de los Estados Unidos.

Las promesas del presidente Roosevelt a Don Luis Muños Marín de que este paso solucionaría de forma permanente nuestra situación política, fue burlada una vez más por un congreso republicano, que se las arreglo, para dejar en la estocada a nuestro pueblo, Es mi opinión que Don Luis confió excesivamente en la palabra del Sr. Presidente y pensó que de alguna manera en el futuro se podía clarificar, los parámetros del desarrollo político de nuestra autonomía política y fiscal que en cierto modo le otorgaba la nueva constitución. Es mi opinión que las fallas más graves de este proceso, dejaron en ascuas todo este proceso, por las siguientes razones: En primer lugar  la ley 600 no dejo claramente establecido, el que la nueva constitución representaba un cambio permanente, y mucho menos que era un acuerdo político bilateral, que no podría ser enmendado sin el consentimiento de las dos partes. Y en segundo lugar que dicho estatuto tampoco dejo claro la abolición de la aplicación de la cláusula territorial a nuestro nuevo régimen político, por tanto deja en el limbo la permanencia de nuestro nuevo régimen político, a la voluntad de la interpretación del congreso sobre la permanencia de nuestro sistema político y constitucional.

Hasta el día de hoy y solo por interpretación del famoso infame informe del mal llamado comité interagencial de la casa Blanca sobre el asunto del estatus político, se ha planteado la funesta posibilidad de que el congreso tendría la facultad inclusive de revocar nuestra constitución y eliminar la ciudadanía americana que hasta el presente hemos disfrutado, como si esto fuera un regalo o una hipoteca adquirida por el congreso, la cual puede ser ejecutado por su acreedor en cualquier momento, en que se entienda haya habido un incumplimiento de los términos de la hipoteca. Nada de verdad tiene ese argumento, solo simple especulaciones, ya que la propia constitución de los estados unidos, establece claramente, que a ningún ciudadano se le puede privar de su ciudadanía, a menos que se dé un acto de traición, o que el ciudadano expresamente renuncie a ella, para obtener otra ciudadanía, y no hace excepción dicha disposición constitucional. Ahora bien es claro que al presente la ley que creo el nuevo estado de derecho de los ciudadanos puertorriqueños, que en virtud de la ley Jones, fueron cobijados como ciudadanos americanos y que en virtud de la ley 600, aprobó su derecho a formar un nuevo régimen político y constitucional, dentro del marco constitucional de los Estados Unidos, y contrario a lo dicho por algunas personas, el nuevo régimen político del ELA, ha sido ratificado consistentemente por las decisiones del tribunal supremo de los Estados Unidos en múltiples ocasiones y en todas sus decisiones ha dejado claro, que el pueblo de Puerto Rico adquirió un derecho privativo, bajo el régimen del Estado Libre Asociado, que no puede ser revocado por ningún otro congreso.

Es claro que hay que hacer ajustes y cambios a régimen del ELA, pero estos cambios están dentro de los términos que el pueblo de Puerto Rico, le exija al congreso aquellas áreas que se tiene que ser modificadas para alcanzar una relación permanente , bajo los acuerdos de una nueva ley de relaciones federales, que le otorgue a Puerto Rico, el espacio para auto ejecutar su autonomía fiscal, económica y política dentro de los parámetros de un pacto de asociación política de los Estados Unidos, sin renunciar a los derecho adquiridos bajo el actual régimen del Estado Libre Asociado en términos específicos de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. De eso es que se trata la nueva propuesta de un ELA con más autonomía o soberano. Lo demás es pura demagogia y meros espejismos.